La Casa Blanca propone reglas más estrictas tras accidentes de conductores extranjeros, pero la evidencia sobre efectividad sigue siendo opaca

La administración Trump ha anunciado una intensificación del control regulatorio sobre licencias comerciales para conductores nacidos en el extranjero, argumentando que esto mejorará la seguridad vial tras varios accidentes de alto perfil. La propuesta merece un análisis riguroso, no porque sea incorrecta en principio, sino porque el debate público ha descuidado las preguntas fundamentales: ¿qué problema específico se intenta resolver y con qué evidencia se espera que estas medidas funcionen?

Primero, el contexto. Los accidentes de tránsito en Estados Unidos son un problema real y bien documentado. Según datos del NHTSA, en 2022 murieron más de 42,000 personas en accidentes viales, una cifra que ha oscilado entre 40,000 y 43,000 durante la última década. El transporte comercial representa aproximadamente el 11% de muertes en carreteras, aunque los camiones representan solo el 4% del tráfico vehicular. Esto indica que existe un riesgo incrementado en ese segmento, lo que justifica atención regulatoria.

Pero aquí viene lo crítico: la propuesta no especifica cuál es la tasa de accidentes de camioneros inmigrantes en comparación con conductores ciudadanos estadounidenses. Sin esa comparación específica, es imposible evaluar si se trata de una respuesta proporcional o de una solución buscando un problema. Algunos accidentes de "alto perfil" no son estadísticamente representativos. La percepción de un problema y su magnitud real son cosas distintas.

La propuesta de "reglas más estrictas para licencias comerciales" es lo suficientemente vaga como para merecer escepticismo. ¿Qué tipo de reglas? ¿Exámenes adicionales? ¿Requisitos de experiencia? ¿Pruebas de idioma? Cada una de estas intervenciones tiene implicaciones económicas diferentes. Si se trata de pruebas de idioma más rigurosas, la pregunta válida es: ¿existe correlación documentada entre dominio del inglés y capacidad de conducción segura? Si se trata de requisitos de experiencia más altos, debemos preguntar: ¿dónde obtienen esa experiencia si no pueden obtener licencias?

Desde una perspectiva de política económica coherente, aquí está el dilema. La administración Trump ha sido tradicionalmente pro-empresa, pro-desregulación y pro-libertad de contratación. La industria del transporte por carretera —especialmente trucking de larga distancia— depende significativamente de mano de obra inmigrante, tanto documentada como indocumentada. Hay una tensión política real entre la seguridad vial (objetivo legítimo) y la disponibilidad de mano de obra (realidad económica).

Los críticos que cuestionan la efectividad de estas medidas tienen un punto válido, pero también incompleto. Es verdad que endurecimiento regulatorio sobre un grupo específico no automáticamente mejora la seguridad si no se acompaña de enforcement consistente, recursos para inspección y datos basados en evidencia. Pero eso no significa que las reglas sean inútiles; significa que deben ser diseñadas y aplicadas correctamente.

Lo que falta en este debate es transparencia regulatoria. Antes de implementar estas medidas, el gobierno federal debería publicar: (1) datos comparativos de tasas de accidentes por estatus migratorio del conductor; (2) análisis de qué factores específicos (idioma, experiencia, capacitación) correlacionan con mayor riesgo; (3) proyecciones de cómo las nuevas reglas afectarían tanto la seguridad como la disponibilidad de conductores; (4) estimaciones de costos tanto para regulación como para reducción de accidentes.

Sin estos datos, estamos ante lo que los economistas llamamos "regulación basada en narrativa, no en evidencia." Es políticamente útil —responde a preocupaciones sobre seguridad que son reales— pero económicamente incoherente si no se fundamenta en datos específicos.

La pregunta final no es si proteger la seguridad vial es importante. Lo es. La pregunta es si esta regulación específica es el instrumento correcto, aplicado al grupo correcto, en la magnitud correcta. Eso solo se puede responder con datos, no con intenciones. Hasta que no veamos esos números, estamos viendo más teatro regulatorio que política pública rigurosa.

Por Jorge Morales