Cuando el derecho internacional se convierte en decorado

La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo una crisis militar. Es el colapso silencioso de las reglas que sostienen el orden global — y México tiene más que perder de lo que parece.

Hay semanas en que el mundo no se deteriora gradualmente: colapsa en episodios. Esta es una de esas semanas.

Israel declara públicamente que necesita tres semanas para «debilitar la capacidad militar de Irán». Washington amaneció dividido entre republicanos que no se ponen de acuerdo ni en el menú del desayuno. Trump condiciona legislación interna a reformas electorales mientras su gobierno enfrenta simultáneamente una posible guerra en el Golfo Pérsico. Y el Kurdistán iraquí — uno de los actores más pragmáticos de Medio Oriente — sale a decir en voz alta lo que nadie quería admitir: que no van a ser «armas de alquiler» en un conflicto que no diseñaron.

Cada una de estas noticias, vista de forma aislada, es preocupante. Vista en conjunto, son la radiografía de un orden internacional que está siendo sometido a una presión que sus estructuras jurídicas no fueron diseñadas para soportar.

El problema no es Irán. El problema es el precedente.

Sea cual sea la postura que uno tenga sobre el régimen iraní —y hay razones legítimas para considerarlo una amenaza regional—, lo que está ocurriendo en términos de derecho internacional merece un análisis sin anestesia.

La Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 2(4), prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Las excepciones son dos: legítima defensa bajo el Artículo 51, o autorización del Consejo de Seguridad. Ninguna de las dos opera con comodidad en el escenario actual.

Israel argumenta legítima defensa. Es un argumento que tiene sustancia histórica y jurídica, especialmente después de octubre de 2023. Pero «debilitar la capacidad militar» de otro Estado durante tres semanas de operaciones activas entra en terreno que los juristas llaman anticipatory self-defense — defensa preventiva —, un concepto que el derecho internacional consuetudinario acepta con condiciones muy estrictas que la doctrina no ha terminado de resolver.

Estados Unidos, por su parte, actúa con la lógica que han aplicado desde Irak hasta Siria: la fuerza militar como instrumento de política exterior sin autorización multilateral formal. Funciona militarmente. Destruye institucionalmente. Cada vez que Washington actúa fuera del marco de la ONU —con razón o sin ella— le quita un ladrillo a la estructura que, paradójicamente, Estados Unidos ayudó a construir después de 1945.

Lo que el Kurdistán entiende y muchos no quieren ver

El rechazo del Kurdistán iraquí a convertirse en plataforma operativa para el conflicto Israel-Irán-EUA es, en mi opinión, uno de los gestos políticos más inteligentes de la semana.

No es neutralismo ingenuo. Es la afirmación de que la soberanía —incluso la soberanía parcial de una región autónoma sin Estado propio— no se alquila por conveniencia ajena. Los kurdos han aprendido esa lección de la manera más brutal: décadas de ser utilizados por potencias externas que los abandonaron cuando dejaron de ser útiles.

Eso debería resonar en Ciudad de México con más fuerza de lo que resuena.

México y el costo silencioso de este caos

La pregunta que ningún analista mexicano está haciendo con suficiente seriedad es esta: ¿qué le cuesta a México la desestabilización del orden jurídico internacional?

La respuesta es más concreta de lo que parece.

México exporta alrededor del 80% de sus bienes a Estados Unidos. Esa relación descansa, jurídicamente, en el T-MEC. Y el T-MEC descansa, a su vez, en un entorno de instituciones internacionales funcionales: la OMC para disputas arancelarias, los mecanismos de arbitraje del Capítulo 31, las reglas de origen que definen qué es «mexicano» para efectos comerciales.

Cuando Estados Unidos normaliza la idea de que las reglas internacionales son opcionales —que se aplican cuando convienen y se ignoran cuando no—, esa lógica inevitablemente contamina los tratados comerciales. Ya la vimos operar: en 2026 viene la revisión del T-MEC, y México va a sentarse en esa mesa frente a una administración que ha demostrado, repetidamente, que considera los acuerdos como puntos de partida para renegociación permanente, no como compromisos vinculantes.

Si el principio de pacta sunt servanda —los acuerdos deben cumplirse— pierde autoridad moral en el ámbito de la seguridad internacional, ¿por qué habría de respetarse con mayor rigor en el ámbito comercial?

El gobierno paralizado y la oportunidad que México no está aprovechando

Washington está, para usar el término técnico, en caos. Divisiones republicanas en el Congreso, un ejecutivo que condiciona legislación a reformas electorales mientras gestiona una crisis militar, y un Senado que no termina de definir su postura ante ninguno de los dos frentes.

Esto crea una ventana de oportunidad que México está dejando pasar.

Cuando la potencia hegemónica está distraída —dividida internamente, sobreextendida militarmente—, los países con agenda propia tienen espacio para maniobrar. Para construir coaliciones. Para posicionarse en foros multilaterales. Para articular una voz que, en condiciones normales, quedaría sofocada por el peso gravitacional de Washington.

México tiene asiento en el G20. Tiene relaciones con la Unión Europea. Tiene una posición geográfica y económica que le da relevancia en cualquier conversación sobre reconfiguración de cadenas de suministro. Y tiene, al menos en papel, una tradición diplomática — la Doctrina Estrada, los Acuerdos de Tlatelolco — que podría servir de base para una postura articulada sobre derecho internacional en tiempos de crisis.

Pero articular esa postura requiere una cancillería con visión estratégica, no una cancillería que opera en modo reactivo o, peor aún, que subordina la política exterior a consideraciones de política interna.

Lo que debería hacer México

Tres cosas concretas, sin ambigüedad:

Primero, activar su presencia en organismos multilaterales para defender explícitamente los principios de no intervención y solución pacífica de controversias — no como postura ideológica, sino como interés nacional directo. Un México que defiende el derecho internacional hoy está defendiendo los mecanismos que lo protegen a él mañana.

Segundo, preparar con seriedad la revisión del T-MEC en 2026. La inestabilidad geopolítica actual va a presionar a Estados Unidos a buscar concesiones en sectores estratégicos — energía, manufactura, datos. México necesita llegar a esa mesa con una posición técnica sólida, no con improvisación diplomática de último minuto.

Tercero, diversificar. No como slogan, sino como política de Estado con presupuesto y metas. Cada punto porcentual de exportaciones que México logre redirigir hacia la Unión Europea, Asia o América del Sur es un punto porcentual menos de vulnerabilidad ante la volatilidad de Washington.

El derecho internacional nunca fue perfecto. Fue siempre la suma de compromisos que las potencias aceptaron mientras les convenía. Pero su erosión acelerada tiene costos reales para países medianos como México, que no tienen la capacidad militar ni económica para sobrevivir en un mundo donde solo cuentan los hechos consumados.

Defender las reglas del juego no es ingenuidad. Es pragmatismo de largo plazo.

Y ese es el tipo de pragmatismo que, hoy por hoy, brilla por su ausencia en demasiadas capitales.

Por Andres Castillo