El costo de gobernar con el caos como estrategia

Cuando Washington se paraliza, los mercados pagan la factura. Y México también.

El índice de incertidumbre de política económica de Estados Unidos —el que miden Baker, Bloom y Davis desde la Universidad de Chicago— lleva cuatro meses consecutivos por encima de su promedio histórico. No es un dato menor. Cada punto de desviación sostenida sobre ese promedio equivale, según estimaciones del propio modelo, a una contracción de entre 0.4 y 0.6 puntos porcentuales en la inversión privada a doce meses. Esto no es retórica: es la matemática de lo que ocurre cuando el gobierno más grande del mundo no puede decirle a nadie qué va a pasar mañana.

Esta semana, Washington ofreció un espectáculo que en cualquier otro momento hubiera parecido inverosímil: el presidente de la potencia hegemónica condicionó la aprobación de legislación interna a reformas electorales que consolidarían su base política, mientras simultáneamente Israel anunciaba que necesitaba tres semanas adicionales para «debilitar la capacidad militar de Irán» —lo que en términos prácticos significa tres semanas más de escalada en una región que produce el 30% del petróleo mundial. El Partido Republicano, entretanto, exhibió fracturas que cualquier analista serio reconoce como estructurales, no coyunturales. El resultado: un gobierno funcionalmente paralizado en el momento en que el mundo más necesita señales claras de Washington.

El problema no es Trump. El problema es el sistema de incentivos.

Conviene decirlo con precisión, porque la deshonestidad intelectual abunda en ambas trincheras. Condicionar legislación a demandas políticas no es un invento de esta administración. El tráfico de influencias legislativas tiene historia bipartidista larga y documentada en el Capitolio. Pero hay una diferencia cualitativa entre la negociación política ordinaria y convertir cada votación en un instrumento de consolidación personal de poder. La primera produce compromisos. La segunda produce parálisis.

Cuando un presidente condiciona la aprobación de un presupuesto, de una autorización de deuda o de una reforma fiscal a que el Congreso reforme las reglas bajo las cuales él mismo compite electoralmente, no está gobernando. Está capturando. Y el costo de esa captura no lo paga el político. Lo pagan los mercados de bonos, las empresas que posponen inversiones, los consumidores que absorben la prima de riesgo en forma de tasas más altas.

La tasa del bono del Tesoro a diez años no está donde está por casualidad.

Irán, Israel y el precio del barril que nadie quiere calcular

El frente geopolítico agrega una capa de riesgo que los mercados todavía no han descontado completamente —y eso, en sí mismo, debería ser una señal de alarma.

Israel declaró esta semana que requiere aproximadamente tres semanas para degradar de manera significativa la capacidad militar iraní. Eso no es una declaración estratégica: es un calendario de operaciones con consecuencias económicas concretas. El estrecho de Ormuz, por donde transitan entre 18 y 21 millones de barriles diarios de petróleo —alrededor del 20% del consumo mundial—, se convierte en un activo geopolítico de primera línea cada vez que la tensión entre Teherán y Tel Aviv escala un peldaño.

Los modelos de Goldman Sachs y JPMorgan que circularon en enero proyectaban un barril a 95 dólares en escenario de conflicto regional limitado. En escenario de cierre parcial de Ormuz, las proyecciones llegaban a 120. Ninguno de esos escenarios está descontado en los precios actuales. El mercado está, en cierta medida, apostando a la racionalidad de actores que en las últimas semanas no han demostrado precisamente eso.

Para México —economía integrada comercialmente con Estados Unidos, exportadora de petróleo, dependiente de remesas generadas en dólares— la aritmética es compleja. Un barril alto beneficia a Pemex en el papel, pero la empresa lleva años sin capacidad real de aumentar producción. El beneficio fiscal es marginal. El daño inflacionario importado, en cambio, es inmediato y regresivo: lo absorben primero quienes menos pueden hacerlo.

El Kurdistán y la lección que nadie quiere escuchar

Entre los titulares de la semana hay uno que merece más atención de la que está recibiendo. Las autoridades kurdas rechazaron públicamente ser utilizadas como «armas de alquiler» en el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Es una declaración política, sí, pero también es una lección de economía institucional que aplica mucho más allá del Medio Oriente.

Las regiones y los países pequeños que permiten que potencias externas definan su agenda de seguridad sin contrapartidas claras terminan pagando el costo de conflictos que no iniciaron, sin acceder a los beneficios de paz que tampoco controlan. La autonomía estratégica no es un lujo ideológico: es una condición para negociar desde una posición que no sea la de la subordinación permanente.

México debería tomar nota. No porque la situación sea idéntica —no lo es—, sino porque el principio es transferible: cuando una economía permite que su agenda de seguridad, su política energética o sus decisiones de inversión sean dictadas desde afuera sin una arquitectura de reciprocidad bien definida, los beneficios fluyen hacia afuera y los costos se quedan en casa.

El verdadero riesgo sistémico: la incoherencia como política

Lo que une todos estos hilos —la parálisis legislativa en Washington, la escalada en Medio Oriente, las fracturas republicanas, el rechazo kurdo a ser instrumentalizados— es un patrón que los economistas institucionales llaman «incoherencia dinámica»: cuando los actores saben que las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento según conveniencia política del gobernante de turno, dejan de invertir a largo plazo. Racionalmente, acortan horizontes. Exigen primas de riesgo más altas. Sustituyen expansión por cautela.

Eso es exactamente lo que estamos viendo. La inversión en activos de largo plazo —infraestructura, capital humano, investigación y desarrollo— requiere que los agentes económicos crean que las reglas estarán vigentes el tiempo suficiente para recuperar lo invertido. Cuando el gobierno más poderoso del mundo convierte su propio presupuesto en rehén de sus disputas electorales, y cuando la estabilidad regional de una zona productora de energía se mide en semanas, esa confianza se erosiona.

La pérdida de inversión que resulta de esa erosión no aparece en ningún titular. No tiene cara ni declaración de prensa. Pero es real, es medible y alguien la paga.

Generalmente, no quien la provoca.

Las opiniones expresadas en esta columna son de la autora y no representan necesariamente la posición editorial de Baluarte News.

Por Claudia Vargas