Las decisiones políticas de esta semana en Estados Unidos y México tienen algo en común: alguien siempre termina pagando. Y ese alguien casi nunca es quien las toma.

Las noticias de hoy vienen de dos países distintos, pero convergen en el mismo punto. En Texas, el Partido Republicano se fragmenta entre su ala institucional y su facción MAGA. En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum aprueba la semana laboral de 40 horas y avanza una reforma electoral que concentra más poder en menos manos. Geografías distintas, lógicas distintas. Pero la pregunta de fondo es la misma: ¿quién absorbe el costo de estas decisiones?

Empecemos por lo que ocurre al norte del Río Bravo, porque nos afecta directamente.

La purga republicana y sus consecuencias para México

Dan Crenshaw, veterano de guerra, congresista de Houston, figura moderada del Partido Republicano, perdió su primaria. No por corrupción. No por un escándalo. Sino por votar, en ocasiones, contra la línea de Donald Trump. El mensaje es claro: en el GOP de 2025, la lealtad personal vale más que el historial legislativo.

Eso tiene implicaciones concretas para México y para quienes operan en el corredor T-MEC. Un Congreso estadounidense cada vez más homogéneo ideológicamente, con menos voces dispuestas a matizar o negociar, es un Congreso más impredecible en materia comercial. Los aranceles, las restricciones de inversión, las presiones sobre cadenas de suministro: todo eso se negocia con personas. Y cuando las personas que están dispuestas a razonar son expulsadas del sistema, el margen de negociación se estrecha.

Paralelamente, la batalla entre John Cornyn y Ken Paxton por la candidatura al Senado de Texas define si ese estado —frontera económica vital para México— estará representado por un legislador con perfil institucional o por uno cuya marca política es la confrontación. Para el sector exportador mexicano, para las empresas con operaciones binacionales, para los empresarios que dependen de la certeza jurídica que ofrece el T-MEC, esta no es una elección ajena. Es una elección que importa.

La semana de 40 horas: populismo con fecha de vencimiento

En México, el Congreso aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. El gobierno lo presenta como un avance histórico para los trabajadores. Y en términos de discurso, funciona perfectamente.

Pero los números cuentan una historia más incómoda.

México tiene una economía donde más del 55% de la fuerza laboral opera en la informalidad, según datos del INEGI. Para ese 55%, la reforma no existe. No les aplica. No les cambia nada. Seguirán trabajando las horas que el mercado informal exija, sin prestaciones, sin seguridad social, sin contrato.

Para el 45% formal, la reducción de horas implica un aumento de costo laboral por unidad producida, en un momento en que la economía mexicana creció apenas 1.5% en 2024, según el Banco de México. Las empresas pequeñas y medianas —que generan más del 70% del empleo formal en el país— no tienen el margen de absorción que tiene una corporación transnacional. Muchas de ellas enfrentarán una disyuntiva sencilla y brutal: contratar menos, automatizar más o trasladar el costo al precio final.

El resultado probable no es más bienestar laboral. Es más informalidad, menos contratación formal y precios más altos para el consumidor. El populismo tiene esa característica: suena bien en el decreto, duele en la quincena.

La alternativa concreta no es oponerse al bienestar de los trabajadores —eso es la caricatura que la 4T prefiere. La alternativa es atacar la informalidad de raíz: simplificación fiscal para pequeñas empresas, reducción del costo de la nómina formal, certeza jurídica para invertir y crear empleos de calidad. Eso no genera titulares tan limpios. Pero genera empleos reales.

La reforma electoral: el patrón que no cambia

Mientras tanto, el gobierno avanza una reforma electoral que, en la práctica, reduce la autonomía de los organismos encargados de arbitrar la democracia mexicana. La justificación es siempre la misma: eficiencia, ahorro, combate a la burocracia.

Pero hay una diferencia fundamental entre reducir burocracia improductiva y debilitar instituciones de contrapeso. La primera es una política pública sensata. La segunda es una señal de alerta para cualquier inversionista que necesita saber que las reglas del juego no cambiarán según quien esté en el poder.

El Banco Mundial y el FMI han documentado con consistencia que la calidad institucional —independencia judicial, organismos autónomos, estado de derecho— es uno de los predictores más robustos de inversión extranjera directa a largo plazo. México compite por esa inversión con Vietnam, India, Polonia y decenas de otros países. Cuando las instituciones se debilitan, el argumento competitivo de México se erosiona. Y eso no lo paga el gobierno. Lo paga el sector productivo, en forma de menor crecimiento, menos empleos y mayor costo de capital.

La pregunta que nadie quiere responder

Tanto en Washington como en Ciudad de México, el patrón es el mismo: decisiones que generan costos reales, difusos y diferidos, mientras los beneficios políticos son inmediatos y concentrados. Es la gramática del poder en democracias con horizontes electorales cortos.

Quienes trabajamos, generamos empleo y pagamos impuestos no tenemos el lujo de pensar en ciclos electorales. Pensamos en flujo de caja, en nómina, en contratos, en certeza regulatoria. Pensamos en si el entorno en que operamos va a ser más o menos predecible el próximo año.

La pregunta que esta edición nos deja sobre la mesa es directa: ¿estamos dispuestos a exigir que las decisiones políticas se midan por sus resultados económicos verificables, no por sus intenciones declaradas?

Los datos existen. Las consecuencias son predecibles. Lo que falta no es información: es la voluntad colectiva de sostener el estándar.

Eso es lo que vale la pena defender.

Por Eduardo Rios