Cuando Washington reorganiza su aparato de seguridad nacional, México debe leer entre líneas —y prepararse para negociar desde la fortaleza, no desde la sorpresa.

La destitución de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional no es, como quieren presentarla algunos analistas, un simple ajuste de personalidades dentro de un gabinete turbulento. Es una señal de reconfiguración doctrinal. Y México haría bien en leerla con la misma atención con la que un abogado corporativo lee las cláusulas secundarias de un contrato: ahí, precisamente ahí, es donde suelen estar las sorpresas.

Noem era una figura políticamente visible pero operativamente débil. Su gestión al frente del DHS combinó retórica dura con resultados ambiguos. La deportación masiva nunca alcanzó las cifras que Trump prometió en campaña; las redes de crimen organizado transnacional siguen operando con una fluidez que desmiente los anuncios triunfalistas de la Casa Blanca. En Washington, cuando un secretario falla en los números reales —no en los titulares—, el relevo llega sin aviso y sin carta de agradecimiento.

Entra Michael Mullin. Senador por Oklahoma, veterano de guerra, figura que en el Senado ha defendido consistentemente una postura de mano dura frente a los cárteles mexicanos y una visión expansiva de las capacidades operativas del DHS en la frontera. No es un político de cámara: es alguien que ha presionado activamente por la designación de organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras, y que ha argumentado —con nombre y apellido en el registro legislativo— que la soberanía de México no puede ser un escudo para la impunidad del narcotráfico.

Eso, para México, no es un dato menor. Es el contexto que define la negociación que viene.

El patrón que ya vimos en el T-MEC

Quienes estuvimos en mesas de negociación comercial aprendimos algo que los politólogos suelen pasar por alto: los cambios de interlocutor en Washington no son neutrales. Cuando en 2019 Robert Lighthizer reemplazó a una estructura de negociación más flexible en el proceso de ratificación del T-MEC, el tono cambió de inmediato. Las demandas sobre reglas de origen automotriz se endurecieron; los mecanismos de verificación laboral se volvieron más invasivos. No porque cambiara la política declarada de Estados Unidos, sino porque cambió la persona que tenía autoridad para decidir qué era negociable y qué no.

El mismo principio aplica hoy. Con Mullin al frente del DHS, la presión sobre México en materia de seguridad —cárteles, fentanilo, migración— no va a disminuir. Va a encontrar una voz más coherente, más técnica y, en mi opinión, más peligrosa que la de Noem precisamente porque Mullin no necesita los reflectores para operar. Conoce los mecanismos. Ha legislado sobre ellos.

El Congreso, Irán y la lógica del poder concentrado

Paralelo a esto, el Congreso de Estados Unidos rechazó esta semana el freno legislativo que algunos demócratas intentaron imponer sobre la capacidad de Trump para actuar militarmente contra Irán sin autorización previa del Legislativo. La votación reveló dos cosas igualmente importantes: que la disciplina republicana en el Congreso sigue siendo suficiente para blindar al Ejecutivo en temas de seguridad nacional, y que los demócratas están fracturados —algunos votaron con Trump, no por convicción sino por cálculo electoral en estados que no pueden darse el lujo de parecer débiles frente al mundo.

Desde una perspectiva de derecho internacional, esto importa porque consolida un patrón: el Ejecutivo estadounidense acumula discreción operativa en materia de seguridad y política exterior. Menos checks, más velocidad de acción. Para México, eso significa que las decisiones que nos afectan —aranceles punitivos, designaciones de organizaciones terroristas, operaciones en la frontera— pueden tomarse con una rapidez que supera la capacidad de respuesta diplomática tradicional.

No estoy diciendo que México deba entrar en pánico. Estoy diciendo que México debe tener listos sus argumentos, sus contra-propuestas y sus líneas de defensa antes de que suene el teléfono, no después.

Lo que Claudia Sheinbaum no puede seguir ignorando

Opinión personal, y la señalo como tal: la presidenta Sheinbaum ha heredado un aparato de política exterior que sigue operando con los reflejos de la 4T —reactividad, narrativa de soberanía sin sustancia técnica detrás, y una tendencia peligrosa a confundir el discurso con la estrategia.

La soberanía no se defiende con declaraciones en mañaneras. Se defiende con equipos técnicos capaces de sentarse frente a un Mullin y explicarle, artículo por artículo del T-MEC, por qué ciertas acciones unilaterales de Estados Unidos violarían compromisos jurídicamente vinculantes. Se defiende con propuestas concretas de cooperación en seguridad que pongan a México en posición de socio, no de cliente. Se defiende con datos verificables sobre desmantelamiento de redes criminales que reduzcan el argumento político del otro lado.

El capítulo 31 del T-MEC establece mecanismos de solución de controversias entre Estados parte. El Anexo 1 de la Carta de Derechos y Obligaciones en materia de inversión tiene dientes reales. México tiene instrumentos. El problema no es el tratado —el problema es que quienes deben usarlo a veces no lo han leído con suficiente detenimiento.

La fractura republicana como ventana, no como garantía

La batalla interna que se libra en Texas entre facciones republicanas, y el retiro estratégico de figuras como el representante Gonzales ante la presión del aparato MAGA, son datos geopolíticamente relevantes. Sugieren que la coalición Trump no es monolítica, que hay espacios de negociación dentro del sistema político estadounidense que México podría aprovechar —vía gobernadores de estados fronterizos, vía cámaras de comercio, vía la red de empresas que tienen inversiones cruzadas y que presionan desde adentro del Partido Republicano por relaciones estables con México.

Pero esa ventana es estrecha y temporal. Las fracturas internas en un partido gobernante tienden a cerrarse cuando hay un enemigo externo que señalar. México no puede aspirar a convertirse en ese enemigo externo. Pero tampoco puede comportarse como si la buena voluntad de Washington fuera un recurso renovable.

Conclusión: prepararse, no reaccionar

Lo que la semana en Washington nos dice, leído en conjunto, es esto: el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos está siendo optimizado para actuar con mayor velocidad y menor contención institucional. El nuevo titular del DHS tiene un historial claro y convicciones firmes sobre México. El Congreso ha despejado el camino para que el Ejecutivo actúe con discreción amplia en materia de seguridad.

México debe responder con preparación, no con improvisación. Eso significa revisar ahora —no cuando llegue la próxima amenaza arancelaria— cuáles son los mecanismos del T-MEC que protegen sectores estratégicos. Significa tener equipos técnicos que conozcan el derecho internacional aplicable. Significa construir una narrativa de cooperación en seguridad que sea creíble porque está respaldada por resultados, no por retórica.

La soberanía no es un sentimiento. Es una posición jurídica que se sostiene con argumentos, precedentes y voluntad política de defenderla hasta el final de la negociación.

Eso es lo que vale la pena defender.

Por Andres Castillo